Los tres poderes del Estado provincial comenzaron a trabajar en la implementación de la Ley de Narcomenudeo, cuya puesta en vigencia se vio postergada durante casi una década en Tucumán, entre planteos judiciales y la falta de recursos para “provincializar” la lucha contra la venta de drogas a menor escala.

En términos generales, esta normativa establece la adhesión a un régimen nacional que habilita a los tribunales locales a entender en causas vinculadas con la comercialización de estupefacientes (en especial, de cocaína y de marihuana), siempre que se trate de investigaciones en las que se constate la venta o entrega de sustancias fraccionadas “en dosis destinadas directamente al consumidor”.

En su espíritu, esta legislación busca que el fuero federal se concentre en las grandes redes y organizaciones de narcotráfico, delegando a los Estados provinciales el combate de las bocas de expendio de estas cadenas de distribución, conocidas como “dealers” o “transas” barriales.

A partir de un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de una serie de modificaciones establecidas por la Legislatura, el Poder Ejecutivo avanzó con la aplicación de la Ley 9.188, que contempla, entre otros puntos clave, la creación de fiscalías y de juzgados específicos para la competencia en materia de drogas.

Además, finalmente, se puso en marcha la Comisión Interpoderes, con representación de funcionarios de los tres Poderes del Estado provincial. Su misión será llevar adelante el control y el seguimiento de los resultados de las acciones estatales contra el narcomenudeo, además del “análisis y evaluación de la implementación” de todas las medidas previstas por la legislación vigente.

La semana pasada, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de la Secretaría de Derechos Humanos (por el PE), de la Corte Suprema, de los ministerios Fiscal y de la Defensa (por la Justicia) y de la Legislatura se reunieron en la Casa de Gobierno para avanzar con una serie de propuestas. Entre ellas, se resolvió invitar a expertos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de los Estados Unidos para que brinden capacitaciones al personal que trabajará en el marco de la Ley 9.188. Además, se dialogó sobre la necesidad de contar con los recursos presupuestarios que requerirá el desarrollo de esta nueva política.

Un punto que se abordó en ese encuentro, y que no resulta menor, es la incorporación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública a la Comisión Interpoderes (junto a legisladores del oficialismo y de la oposición).

Está claro que el problema del narcotráfico es complejo. Y, si bien la Ley de Narcomenudeo apunta a combatir a los “dealers”, resultará clave atender los aspectos sociales vinculados con la problemática. Por ello, será fundamental abordar esta lucha no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino también de la educación, de las políticas de contención social y de la salud pública. “Se ha vuelto alarmante la captación de niños y adolescentes para el funcionamiento de este comercio, generando así una cruel explotación infantil para fines delictivos. Nos duele ver niños de madres adictas que nacen con el síndrome de abstinencia y ya con graves problemas de salud que difícilmente se podrán sanar”, describieron los curas de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Tucumán, en un mensaje en el que reclamaron al Estado un urgente abordaje polifacético de la cuestión.

La puesta en marcha de la Ley de Narcomenudeo implica un importante mensaje a la sociedad, por la participación conjunta de los tres Poderes del Estado y por la afectación de recursos humanos y materiales específicos para esta dura misión. La pelea, sin embargo, no se agota en la esfera policial.